El Ministerio de Justicia ha diseñado una “reforma global del modelo de organización de la Justicia” que se ha topado antes de nacer con la oposición casi unánime de los jueces —salas de Gobierno de Tribunales Superiores, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y todas las asociaciones profesionales— articulada en miles de alegaciones al anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.
Desaparecen los 431 partidos judiciales, los 7.683 juzgados de paz y las 55 Audiencias Provinciales en favor de los nuevos tribunales provinciales de instancia, y del reforzamiento de los actuales tribunales superiores de justicia autonómicos.
Solo en determinados casos se establecerán excepciones teniendo en cuenta el número de habitantes de cada localidad, la carga de trabajo u otras peculiaridades, como la insularidad, para mantener juzgados en lugares que no sean capitales de provincia, pero siempre de acuerdo con las Comunidades Autónomas. Sin pensar en el gasto en desplazamientos que van a tener que soportar los ciudadanos o en el hecho conceptual que un poder del Estado desaparecerá de gran parte del país, y solo desde el punto de vista laboral, la reforma afectará a un colectivo inmenso de trabajadores: 24.936 de la Administración central adscritos a Justicia y otros 36.886 en las comunidades autónomas. “La nueva distribución de puestos en destinos provinciales convertirá a las oficinas judiciales en macroalmacenes de personas muy poco operativos. Es inaceptable”, apuntan desde los sindicatos.
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